La amnesia del pasado colonial de España

Rafael Vidal Sanz

Todos los gobiernos españoles han mantenido formalmente el apoyo a la autodeterminación del pueblo saharaui, pero realmente ninguno ha presentado ese proceso en Naciones Unidas. En esto se diferencia de Portugal, que apoyó la independencia de Timor. España defendió la necesidad de celebración de un referéndum, pero con la llegada al poder en 2004 del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, hubo un giro en las relaciones con Marruecos y la cuestión del Sahara quedó apartada de la agenda oficial. Seguidamente, el Gobierno del PSOE se referiría a la autonomía como una "opción realista", además de declarar que "España no tiene responsabilidad en las partes en conflicto".

Según Alí Mojtar, delegado del Frente Polisario en Madrid, "el problema es que el Gobierno de Zapatero se ha desplazado desde esa posición de neutralidad a una defensa a ultranza de la política expansionista marroquí en el Sahara. Venden armas a Marruecos, están apoyando la opción de la autonomía, no condenan la violación de los derechos humanos en el Sahara, y firman acuerdos contrariando el derecho internacional y actuando a favor de Marruecos".

Son así pues los hechos los que dan cuenta de la complicidad con Marruecos de la política exterior española respecto al Sahara Occidental, porque a nivel oficial la posición española se mantiene en “tratar de ayudar a las partes a alcanzar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, que debe respetar el principio de autodeterminación en el marco de la ONU”. Así, para comprender las políticas españolas en relación con Marruecos y el Sahara, conviene hacer un repaso a algunos de los acontecimientos del último tiempo:

Nos remontamos al 28 de agosto de 2010, cuando un grupo de catorce activistas españoles fue agredido mientras se manifestaba pacíficamente en El Aaiún. El Gobierno español, después de haber pedido explicaciones a Rabat, dio por buena la versión de las autoridades marroquíes, la cual sostenía que la policía intervino en la protesta para proteger a los españoles que estaban siendo agredidos por ciudadanos marroquíes. Los activistas, sin embargo, desde el primer momento denunciaron haber sido agredidos por la policía y posteriormente detenidos.

Preguntados por el paradero de esos ciudadanos que según la versión oficial fueron los agresores, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España responden que carecen de información al respecto. Las mismas fuentes del Ministerio admiten que no tienen constancia de que las autoridades marroquíes hubiesen abierto una investigación sobre el incidente, y no poseen por tanto ningún informe policial en el que se recoja una investigación que esclarezca la identidad de los agresores y el paradero o la situación de los mismos. Después de recibir las explicaciones marroquíes, el Gobierno dio por cerrado sin embargo el conflicto y no tomó en consideración la versión de los activistas al no encontrar -comunicaba el propio Gobierno- ningún elemento que la avalase.

Por otra parte, llama la atención que el Gobierno de España acepte y tome al pie de la letra la postura marroquí de que la manifestación de los activistas españoles no estuvo autorizada. Sorprende también el consiguiente llamamiento al respeto de la legislación vigente, que reiteraba el Gobierno español en un comunicado. Y es que de forma oficial España no reconoce jurídicamente la administración marroquí sobre el Sahara Occidental. Llegados a este punto, es inevitable preguntarse: ¿Si no existe por parte de España un reconocimiento jurídico a la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, por qué reitera el Gobierno español la necesidad de respetar la legislación marroquí en la ciudad de El Aaiún?

Ante esta cuestión, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declara que el Sahara Occidental comprende un territorio no autónomo administrado de facto por Marruecos. Por ello piden el cumplimiento de la legislación marroquí en base a esa administración que ostenta Marruecos sobre el territorio por la vía de los hechos. La posición española ya se había puesto de manifiesto en el comunicado que difundió Exteriores el 17 de diciembre de 2009, a raíz del caso de la activista saharaui Aminatu Haidar. Sostiene el comunicado oficial que, “mientras se resuelve el contencioso, en conformidad con la posición de Naciones Unidas, España constata que la Ley marroquí se aplica en el territorio del Sahara Occidental”. Y sin embargo, España no reconoce formalmente que Marruecos administre el Sahara de iure, es decir, con arreglo a la legalidad y con reconocimiento jurídico.

Así las cosas, ¿hasta qué punto España no es una parte del conflicto o hasta qué punto tiene responsabilidad en el asunto? Según una carta dirigida al presidente del Consejo General de la ONU, con fecha 29 de enero de 2002, y elaborada por un asesor jurídico de las propias Naciones Unidas (Hans Corell), el Acuerdo de Madrid de 1975, firmado por España, Marruecos y Mauritania, “no transfirió la soberanía sobre el Territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de Potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente”. Por tanto, como ya reprochase el eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, a la Ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, "España sigue teniendo la responsabilidad de administrar el proceso de descolonización del Sahara Occidental".

En 1976 España renuncia formalmente a su presencia y responsabilidades en el Sahara Occidental, dejando el territorio bajo la administración de Marruecos y Mauritania en las zonas que cada uno de ellos controlaba. Marruecos ha administrado de facto el Sahara Occidental desde que Mauritania se retirase en 1979. Pero apunta la citada carta del asesor jurídico de la ONU que “Marruecos, sin embargo, no figura como la Potencia administradora del Territorio en la lista de Territorios no autónomos de las Naciones Unidas”. Además, señala Ana Manero, profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid, que "el Acuerdo de Madrid no es válido, es nulo de pleno derecho. Y es que en el ámbito del ordenamiento jurídico internacional el derecho de autodeterminación está por encima, en la cúspide".

Así, de acuerdo con el derecho internacional, el abandono del Sahara por parte de España es en definitiva ilegal. Los saharauis, hartos de los atropellos a los que son sometidos día a día por parte de las autoridades marroquíes, se levantaron a partir del 9 de octubre de 2010 en un histórico campamento que alcanzaría finalmente las 20000 jaimas en Gdeim Izik, a las afueras de El Aaiún. Fue el bautizado como Campamento de la Dignidad, que acabaría violentamente desmantelado por efectivos policiales y del ejército marroquí, el 8 de Noviembre de 2010, el mismo día en que el Frente Polisario y las autoridades de Rabat se sentaban para negociar en el marco de la ONU.

La crisis abierta inmediatamente después se dio por concluida por parte de España y la Unión Europea con la firma, el 13 de diciembre del mismo año, de tres acuerdos que refuerzan la relación comercial y política con el reino alauita. La propia Ministra de Exteriores española declaraba que "ningún suceso va a alterar la relación que tenga la Unión Europea con Marruecos". Previamente el PSOE había conseguido que, el 2 de diciembre, el Congreso de los Diputados aprobara una moción que condenaba los incidentes del campamento y de El Aaiún pero que evitaba la condena expresa a Marruecos. 4

Y entonces, el 14 de diciembre, surge una revelación por medio de un cable de Wikileaks que refuerza todas las evidencias sobre el vuelco del Gobierno de Zapatero hacia posiciones de complicidad y colaboración con Marruecos en la cuestión saharaui. En este sentido, las comunicaciones entre embajadas estadounidenses publicadas por El País gracias a la filtración de Wikileaks, revelan que España asesoró y apoyó al Gobierno de Rabat en su propuesta de convertir al Sahara en una autonomía dentro de la soberanía marroquí. No obstante la Ministra Trinidad Jiménez salió rápidamente al paso de esa información asegurando la neutralidad de España y declarando que apoyarán una solución "que sea fruto del acuerdo". Si aconsejaron a Marruecos a mejorar su plan de autonomía -explicó la Ministra- fue porque ello se inscribía en el "intenso trabajo para ayudar a las partes a encontrar una solución justa, acordada y equilibrada".

Con todas estas evidencias, la pregunta que surge es: ¿qué intereses mueven al Gobierno español a mantener este marco de relaciones con Marruecos en la cuestión del Sahara?

Los intereses estratégicos de España en Marruecos que condicionan su posición frente al conflicto del Sahara son, a grandes rasgos, el control de la inmigración irregular, la lucha contra el terrorismo islamista, y los recursos económicos de los que saca provecho Europa y sobre todo España, según señala Ana Manero. Respecto al control migratorio, el periodista José Naranjo explica que cuando el PSOE gana las elecciones en 2004, las relaciones bilaterales España-Marruecos mejoran y eso se nota en la disminución drástica del flujo de pateras que partían hacia Canarias desde las costas saharauis y hacia la España peninsular desde el norte de Marruecos, de forma que cambia el flujo migratorio y se abren las rutas de los cayucos desde Mauritania y luego Senegal.

En relación con la explotación de recursos, según explica Anna Badía, Catedrática de Derecho Internacional de la Universitat de Barcelona, "el pueblo saharaui tiene derecho permanente sobre sus recursos naturales, incluyendo el derecho a los recursos minerales en la plataforma continental adyacente a su territorio y a los recursos pesqueros en su zona económica exclusiva".

El Informe Corell ya indicaba en 2002 que "si se producían más actividades de exploración y explotación en contra de los intereses y deseos del pueblo del Sahara Occidental, todas ellas constituirían una violación de los principios del derecho internacional". Sin embargo, el pasado 25 de febrero de 2011, gracias a la presión del Gobierno de España, la Comisión Europea y Marruecos firmaron una prórroga de un año del acuerdo de pesca UE-Marruecos, que incluye aguas del Sahara Occidental sin que el Frente Polisario, como representante reconocido del pueblo saharaui, diese su aprobación o fuera siquiera preguntado, como exige la ONU. De ahí que este acuerdo sea ilegal.

Lo mismo ocurre en el ámbito de la agricultura. De momento, el Parlamento Europeo ha retrasado la ratificación del acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos, por carecer de información que precise que el tratado no incluye a los territorios del Sahara Occidental. A pesar de esta falta de transparencia, el acuerdo cuenta con el impulso de la Comisión Europea y el apoyo de España, como ha venido denunciando la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) desde España.

Mención aparte merece la venta española de armamento a Marruecos, que en los últimos tres años ha superado, según datos ministeriales, los 300 millones de euros, en lo que supone unas transacciones que van contra el artículo 8 de la Ley 53/2007.

La industria de los fosfatos también está involucrada en el expolio, pues la producción de fosfatos en Bou Craa (Sahara Occidental) alcanza el 10% del total de la producción de Marruecos, que ha recibido ingresos por esta vía desde que comenzara la ocupación. A ello se suma la extracción de arena y, en la misma línea, la compañía estatal marroquí ONHYM ha concedido licencias para 4 proyectos de exploración petrolera, que incluyen territorios del Sahara Occidental.

En definitiva, Marruecos se aprovecha ilegalmente de un territorio del que no es soberano y sobre cuya explotación no tiene por tanto potestad. Pero, y ¿qué intereses económicos tiene España? Según la organización Western Sahara Resource Watch, España es precisamente "uno de los países que más intereses económicos tiene en el Sahara Occidental". A principios de 2010, esta misma organización hizo público un listado de empresas privadas españolas que expolian ilegalmente recursos naturales del Sahara Occidental. La lista, que según anunciaron seguirá actualizándose, es la siguiente:

FMC Foret, Ership, Granintra, Isofotón, Conservas Rianxeira y Conservas Escuris, Europacífico, Gildo, Inter-Trading & Consulting S.L - NETMAR, Meripur, Derhem Seafood - Orofish, S. L., Congelados Troulo, S.L. y King Pesca.