Cuando la política se hace en la calle

Las protestas estudiantiles en Chile se prolongan durante siete meses sin ningún acuerdo con el gobierno

Cristina Navas Bernal, 19/11/11

   "Todos quisiéramos que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos, pero quiero recordar que, al fin y al cabo, nada es gratis en esta vida". Con estas declaraciones se enfrenta el Presidente de Chile, Sebastián Piñera, a la realidad que atraviesa su país. Tras meses de protestas y manifestaciones en las calles el gobierno no encuentra solución al problema de la educación.

   Problema sí, pues para el ejecutivo se ha convertido en un profundo bache en su gobierno. Un sistema educativo asfixiante y agotado ha provocado que los estudiantes, indistintamente de su nivel académico, salgan a la calle para reclamar una enseñanza gratuita y de calidad.

   La propuesta es razonable si se estudia el actual sistema que rige la enseñanza. Durante la dictadura de Augusto Pinochet se aprobó un plan por el que la administración de los colegios pasó de ser estatal a municipal y en las universidades se optó por la creación de nuevos centros de carácter privado y controlados por una ley que prohibía su afán de lucro, aunque ésta no se ha cumplido desde los años 80. Las consecuencias son que las universidades estatales tienen escasa financiación y las privadas actúan sin ningún control; en cuanto a la educación secundaria, existen colegios de mala calidad y escasas infraestructuras dependiendo del municipio en el que estén frente a los privados.

   La OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) ha desvelado en un estudio que las universidades públicas en Chile son las más caras de toda América Latina y superan a las de muchos países europeos. Por ejemplo, son cuatro veces más caras que las de España. Además, el esfuerzo que tienen que realizar las familias para sufragar los estudios universitarios de sus hijos solo es superado por el de las familias estadounidenses.

 Desde el Ministerio de Educación se han realizado diversas propuestas para calmar a las masas. Entre ellas se encuentran reducir los intereses de los créditos universitarios del 6% al 2%, aumentar las becas, cumplir con la prohibición del lucro en las universidades privadas y en cuanto a la educación secundaria, apoyar a la de iniciativa pública con más control y subvención a los centros. Pero en ningún caso se ha abordado la cuestión de la educación gratuita para todos los ciudadanos, pues en palabras de Felipe Bulnes, ministro de educación, “los sectores más acomodados no tienen por qué no pagar su acceso a la educación superior”.

   Igualmente se han llevado a cabo algunos planes para ayudar a aquéllos alumnos que no deseen perder su año escolar por las protestas. El plan Salvemos el año, que presenta tres medidas fundamentales: compartir infraestructura entre las escuelas, habilitar locales alternativos para dar clases y como último recurso, una enseñanza a distancia con el material y la supervisión del Ministerio para que puedan examinarse a final de curso; o la creación de sitios web a los que los alumnos puedan acudir para completar sus estudios es otra de las medidas adoptadas. Estos son: http://www.mineduc.cl/ y http://www.yoestudio.cl/iPortal/Portal.Herramientas/pav/web/portada.aspx

   Mientras esto sucede, las protestas se elevan ya a 141 desde que comenzaron y el descontento sigue siendo generalizado, pues cerca del 80% de la población apoya estas protestas, tal y como reflejan los sondeos realizados en estos meses. El respaldo viene también por parte de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el sindicato más grande del país y encargado de organizar la huelga general de agosto, primera huelga desde la dictadura de Pinochet. Por tanto, a los estudiantes se les suma la mayor parte de la sociedad, los profesores, los sindicatos y hasta incluso los diputados, pues el 2 de agosto, 52 diputados firmaron una declaración por la educación en la que respaldaban el Acuerdo político y social por la educación, en el que “los diputados abajo firmantes expresamos al Gobierno y a la opinión pública nuestra completa y total concordancia con dicho documento y lo hacemos nuestro”.

   Ante un apoyo de estas características, sería lógico pensar que el gobierno de Piñera continuase con las negociaciones y cediese para lograr cuanto antes un consenso, pero el final se aventura lejano. Para Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores "es una pena que no haya luces de que se vaya a solucionar por la tremenda intransigencia del Gobierno", pero no se rinde al hacer referencia a las últimas manifestaciones celebradas el pasado 18 de noviembre porque " después de siete meses, tener una convocatoria alta es un éxito. Yo no veo que esto vaya en bajada, al contrario, el movimiento está muy instalado".

   La sociedad ha tomado la calle, pero sus peticiones están siendo ignoradas. Cuando un gobierno es elegido por sufragio universal, se supone representante del pueblo, pero si desoye a la absoluta mayoría de sus integrantes, dónde ha quedado su misión principal, la de procurar su porvenir. Estas revueltas son un ejemplo más de este sistema, pero parece que su final no será olvidado ni por sus protagonistas ni por los espectadores que lo contemplamos, motivado por la movilización y la insistencia que está teniendo en el tiempo, factores que no han hecho desfallecer el espíritu de la soberanía.