HIPOCRESÍA INTERNACIONAL

Las actuaciones internacionales no disponen de un rasero claro a la hora de establecer si un país es enemigo o amigo. En esta lucha de egos que es la globalización, no hay un límite argumental, sincero y objetivo que evalúe las capacidades de los Estados. Hoy en día es complicado llamar la atención de la sociedad internacional, si no eres una potencia occidental, o en su defecto un amiguísimo, y muchas veces ni siquiera así se consigue. La sociedad no se ha dado cuenta que la hegemonía del hombre blanco llega a su fin y que la sociedad internacional no son sólo los países occidentales.

Israel: estado fallido, estado creado por conveniencia a través de intereses compartidos, reducto judío, alfombra bajo la que esconder la basura… Muchos nombres le han dado a un país que nutre al mundo de avances tecnológicos que nos mejoran la vida. Pero, ¿es amigo o enemigo? Esta es una pregunta que nunca encontrará respuesta. Si eres Pro-Palestina, enemigo, si eres Pro-Israel, amigo, ¿o es al revés? Son ambigüedades que países como EEUU, la India, Egipto, Gran Bretaña, Alemania, etc. Se apresuran a inclinar de un lado u otro sobre una balanza que tiene el eje lejos de las propias fronteras de estos dos pueblos. Israel es el juguete roto de occidente y ya no se quieren molestar en arreglarlo, lo único que hacen es buscar mejores formas de aprovecharlo, mientras se va degradando por sí solo y mientras degrada a los palestinos.

Israel y Palestina, para mí, nunca ha sido sinónimo de conflicto, sino de irresponsabilidad. Unos jalean a Israel y otros a Palestina: los arman y los echan a luchar como gallos de pelea. Lo último, admitir a Palestina como Estado miembro de la UNESCO. No estoy en contra de tal acto, estoy en contra de la forma en la que se hacen ese tipo de cosas. Esta organismo que depende de la ONU ha elevado la irresponsabilidad más allá, una vez más, de las cotas regionales, paralizando las posibilidades de reconciliación y de búsqueda de la paz entre ambos. Hacía dos años que estos intentos de paz quedaron paralizadas con la entrada del nuevo gobierno de Israel. Pero en los últimos meses, con el intercambio de presos, todo parecía esperanzador. Ahora se torna complicado.

La UNESCO admite a Palestina bajo amenazas de EEUU de no pagar su parte de los presupuestos. Y así ocurrió, Palestina entra y EEUU no paga. Eso sí, no abandona los órganos de gobierno de la organización. Esto implica que el resto de estados, sumidos en una crisis mundial, tienen que hacerse cargo de ese dinero que no se percibe por parte de los americanos y que suponía la parte más importante de todo el dinero con el que cuenta la UNESCO -un 22% del presupuesto de esta agencia-. EEUU argumenta que no lo hace para castigar, sino porque existe una Ley estadounidense que le prohíbe dar apoyo económico a cualquier órgano que reconozca a Palestina como estado. El país más importante del globo, espejo en el que se mira parte del mundo, está obsoleto. Pero no es nada nuevo la ONU, en eso, se lleva la palma

Mientras todo esto ocurre, en la franja de Gaza siguen lanzándose misiles entre unos y otros, provocando muertos, hostilidades y eliminando cualquier posibilidad de poder leer en la prensa, el conflicto de ETA se ha terminado. Perdón, no quería decir ETA, quería decir el conflicto árabe-israelí. ETA se me ha colado porque es con lo que muchos medios y personalidades lo han comparado para hacer su llamamiento a la paz desde nuestro país. Algo que queda muy lejos y no se puede comparar de ninguna forma. Menos aún cuando terrorismo a nivel internacional no tiene una definición clara. Por lo que Hamas, es una organización “terrorista”. Eso sí, Israel sólo se defiende.

Las relaciones internacionales son política, al fin y al cabo, intereses, y nos han hecho creer que en ellas todo vale con tal de mantener nuestro propio país a salvo. Aunque para ello primero hay que consultar con la Casa Blanca, para que dé su visto bueno con todo lo que hacemos, nos ponga una base militar en nuestras fronteras y le demos el poder para dominar, someter y tomar decisiones a su propio juicio.  El problema surge cuando esa hegemonía que creían tener comienza a caer por una pendiente muy pronunciada. El mundo no tiene freno por mucho que queramos ponérselo, la Primavera Árabe lo ha demostrado y ahora lo hace Irán con su programa nuclear, desde la otra cara del prisma, la mala.

 La supremacía del hombre blanco se termina y ahora somos más internacionales que nunca. Irán y Palestina son el ejemplo clarificador de que ir más allá de lo que nos incumbe puede acabar mal, y eso que no ha hecho más que empezar. Esperaremos a ver que dicen EEUU y sus amigos. Hagan memoria, todo lo que ocurre es cíclico, el hombre es el único animal que tropieza dos veces sobre la misma piedra e imperios más grandes han caído por su avaricia y su soberbia. Lo malo, que esta vez seremos el resto quien pagará los platos rotos, Israel y Palestina ya lo hacen, ¿quiénes serán los siguientes?

ARDIEL RODRÍGUEZ PLATA

GRUPO 53

Los castigos de la ONU

Elena Quintero

Las Naciones Unidas, bajo el amparo del art.5 y 9 de la Carta, pueden sancionar a cualquier país miembro como medida coercitiva, si así lo aprueba el Consejo General. Estas medidas coercitivas a las que se refieren pueden ir desde sanciones económicas o comerciales, hasta la intervención militar internacional, pasando por embargos de armas, la prohibición de viajar o restricciones diplomáticas. Según el Comité de Sanciones del Consejo General, el objetivo de estas sanciones es presionar sobre un Estado o entidad para cumplir “con los objetivos fijados, sin necesidad de recurrir al uso de la fuerza” cuando “la paz se ha visto amenazada y los esfuerzos diplomáticos han fracasado”.

Desde el fin de la Guerra Fría, estas sanciones comenzaron a multiplicarse y en 1990 hubo un caso que haría tambalear el sistema de las Naciones Unidas: Las sanciones contra Iraq por la ocupación de Kuwait. La solución de la ONU para hacer frente a Saddam Hussein consistía en un embargo económico, armamentístico y tecnológico, que acabaría ocasionando una enorme crisis humanitaria. A las prohibiciones del libre comercio, las negociaciones financieras y los vuelos, se le añadieron un estricto sistema de inspecciones, que ocasionaron un alto y precipitado empobrecimiento del país. El aumento de la tasa de mortalidad infantil, la discriminación a la mujer y las pérdidas del patrimonio histórico-cultural a causa de los saqueos, fueron sólo la punta del iceberg que provocaron que en noviembre de 1996, los iraquíes Seif Zuhair y Bushra Ibrahim Alí acusaran al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Iraq ante el Tribunal Internacional, por la muerte de más de un millón y medio de personas, entre ellos, 750.00 niños menores de cinco años.

Pero tendrían que pasar catorce años desde esa incriminación para que el Consejo de Seguridad de la ONU decidiera poner fin a las sanciones impuestas y devolver el control de los ingresos de petróleo y gas natural al gobierno de Iraq.

En los dos últimos años las Naciones Unidas han intentado coaccionar a los países con riesgo de posesión de armas nucleares con medidas como: el refuerzo de las sanciones a Corea del Norte, especialmente en las inspecciones de las cargas por mar, tierra y aire, o la ampliación de las sanciones contra Irán con embargos financieros, prohibición de transportes, y restricciones del gas y el petróleo. Pero, la ineficacia práctica de estas sanciones se vió de nuevo demostrada este verano en Libia, al impedir la llegada de la ayuda humanitaria. Y es que las sanciones económicas son incompatibles con las leyes humanitarias internacionales, especialmente cuando “los mecanismos de excepción”, cuyo fin es proporcionar artículos esenciales como el suministro médico, no se llevan a la práctica.

A pesar de que el ejercicio de las sanciones no es la única de las tareas en las que la ONU ha visto cómo fracasaba en el intento de construir la paz mundial, sí es una de las que más efectos adversos ha generado tanto a los sectores más vulnerables de la población de los países sancionados como a la economía de terceros países. Para ello, últimamente, la ONU ha “refinado” la aplicación de las sanciones, convirtiendo a la mayoría en “selectivas”, consistentes en congelar activos o bloquear transacciones financieras de las élites políticas o entidades que provocaron la situación sancionable.

Pero todavía queda mucho que corregir al respecto hasta alcanzar el ideal del que hablaba Francia: unas sanciones con objetivo específico, excepcionales, limitadas en el tiempo y regularmente evaluadas.

La amnesia del pasado colonial de España

Rafael Vidal Sanz

Todos los gobiernos españoles han mantenido formalmente el apoyo a la autodeterminación del pueblo saharaui, pero realmente ninguno ha presentado ese proceso en Naciones Unidas. En esto se diferencia de Portugal, que apoyó la independencia de Timor. España defendió la necesidad de celebración de un referéndum, pero con la llegada al poder en 2004 del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, hubo un giro en las relaciones con Marruecos y la cuestión del Sahara quedó apartada de la agenda oficial. Seguidamente, el Gobierno del PSOE se referiría a la autonomía como una "opción realista", además de declarar que "España no tiene responsabilidad en las partes en conflicto".

Según Alí Mojtar, delegado del Frente Polisario en Madrid, "el problema es que el Gobierno de Zapatero se ha desplazado desde esa posición de neutralidad a una defensa a ultranza de la política expansionista marroquí en el Sahara. Venden armas a Marruecos, están apoyando la opción de la autonomía, no condenan la violación de los derechos humanos en el Sahara, y firman acuerdos contrariando el derecho internacional y actuando a favor de Marruecos".

Son así pues los hechos los que dan cuenta de la complicidad con Marruecos de la política exterior española respecto al Sahara Occidental, porque a nivel oficial la posición española se mantiene en “tratar de ayudar a las partes a alcanzar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, que debe respetar el principio de autodeterminación en el marco de la ONU”. Así, para comprender las políticas españolas en relación con Marruecos y el Sahara, conviene hacer un repaso a algunos de los acontecimientos del último tiempo:

Nos remontamos al 28 de agosto de 2010, cuando un grupo de catorce activistas españoles fue agredido mientras se manifestaba pacíficamente en El Aaiún. El Gobierno español, después de haber pedido explicaciones a Rabat, dio por buena la versión de las autoridades marroquíes, la cual sostenía que la policía intervino en la protesta para proteger a los españoles que estaban siendo agredidos por ciudadanos marroquíes. Los activistas, sin embargo, desde el primer momento denunciaron haber sido agredidos por la policía y posteriormente detenidos.

Preguntados por el paradero de esos ciudadanos que según la versión oficial fueron los agresores, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España responden que carecen de información al respecto. Las mismas fuentes del Ministerio admiten que no tienen constancia de que las autoridades marroquíes hubiesen abierto una investigación sobre el incidente, y no poseen por tanto ningún informe policial en el que se recoja una investigación que esclarezca la identidad de los agresores y el paradero o la situación de los mismos. Después de recibir las explicaciones marroquíes, el Gobierno dio por cerrado sin embargo el conflicto y no tomó en consideración la versión de los activistas al no encontrar -comunicaba el propio Gobierno- ningún elemento que la avalase.

Por otra parte, llama la atención que el Gobierno de España acepte y tome al pie de la letra la postura marroquí de que la manifestación de los activistas españoles no estuvo autorizada. Sorprende también el consiguiente llamamiento al respeto de la legislación vigente, que reiteraba el Gobierno español en un comunicado. Y es que de forma oficial España no reconoce jurídicamente la administración marroquí sobre el Sahara Occidental. Llegados a este punto, es inevitable preguntarse: ¿Si no existe por parte de España un reconocimiento jurídico a la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, por qué reitera el Gobierno español la necesidad de respetar la legislación marroquí en la ciudad de El Aaiún?

Ante esta cuestión, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declara que el Sahara Occidental comprende un territorio no autónomo administrado de facto por Marruecos. Por ello piden el cumplimiento de la legislación marroquí en base a esa administración que ostenta Marruecos sobre el territorio por la vía de los hechos. La posición española ya se había puesto de manifiesto en el comunicado que difundió Exteriores el 17 de diciembre de 2009, a raíz del caso de la activista saharaui Aminatu Haidar. Sostiene el comunicado oficial que, “mientras se resuelve el contencioso, en conformidad con la posición de Naciones Unidas, España constata que la Ley marroquí se aplica en el territorio del Sahara Occidental”. Y sin embargo, España no reconoce formalmente que Marruecos administre el Sahara de iure, es decir, con arreglo a la legalidad y con reconocimiento jurídico.

Así las cosas, ¿hasta qué punto España no es una parte del conflicto o hasta qué punto tiene responsabilidad en el asunto? Según una carta dirigida al presidente del Consejo General de la ONU, con fecha 29 de enero de 2002, y elaborada por un asesor jurídico de las propias Naciones Unidas (Hans Corell), el Acuerdo de Madrid de 1975, firmado por España, Marruecos y Mauritania, “no transfirió la soberanía sobre el Territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de Potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente”. Por tanto, como ya reprochase el eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, a la Ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, "España sigue teniendo la responsabilidad de administrar el proceso de descolonización del Sahara Occidental".

En 1976 España renuncia formalmente a su presencia y responsabilidades en el Sahara Occidental, dejando el territorio bajo la administración de Marruecos y Mauritania en las zonas que cada uno de ellos controlaba. Marruecos ha administrado de facto el Sahara Occidental desde que Mauritania se retirase en 1979. Pero apunta la citada carta del asesor jurídico de la ONU que “Marruecos, sin embargo, no figura como la Potencia administradora del Territorio en la lista de Territorios no autónomos de las Naciones Unidas”. Además, señala Ana Manero, profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid, que "el Acuerdo de Madrid no es válido, es nulo de pleno derecho. Y es que en el ámbito del ordenamiento jurídico internacional el derecho de autodeterminación está por encima, en la cúspide".

Así, de acuerdo con el derecho internacional, el abandono del Sahara por parte de España es en definitiva ilegal. Los saharauis, hartos de los atropellos a los que son sometidos día a día por parte de las autoridades marroquíes, se levantaron a partir del 9 de octubre de 2010 en un histórico campamento que alcanzaría finalmente las 20000 jaimas en Gdeim Izik, a las afueras de El Aaiún. Fue el bautizado como Campamento de la Dignidad, que acabaría violentamente desmantelado por efectivos policiales y del ejército marroquí, el 8 de Noviembre de 2010, el mismo día en que el Frente Polisario y las autoridades de Rabat se sentaban para negociar en el marco de la ONU.

La crisis abierta inmediatamente después se dio por concluida por parte de España y la Unión Europea con la firma, el 13 de diciembre del mismo año, de tres acuerdos que refuerzan la relación comercial y política con el reino alauita. La propia Ministra de Exteriores española declaraba que "ningún suceso va a alterar la relación que tenga la Unión Europea con Marruecos". Previamente el PSOE había conseguido que, el 2 de diciembre, el Congreso de los Diputados aprobara una moción que condenaba los incidentes del campamento y de El Aaiún pero que evitaba la condena expresa a Marruecos. 4

Y entonces, el 14 de diciembre, surge una revelación por medio de un cable de Wikileaks que refuerza todas las evidencias sobre el vuelco del Gobierno de Zapatero hacia posiciones de complicidad y colaboración con Marruecos en la cuestión saharaui. En este sentido, las comunicaciones entre embajadas estadounidenses publicadas por El País gracias a la filtración de Wikileaks, revelan que España asesoró y apoyó al Gobierno de Rabat en su propuesta de convertir al Sahara en una autonomía dentro de la soberanía marroquí. No obstante la Ministra Trinidad Jiménez salió rápidamente al paso de esa información asegurando la neutralidad de España y declarando que apoyarán una solución "que sea fruto del acuerdo". Si aconsejaron a Marruecos a mejorar su plan de autonomía -explicó la Ministra- fue porque ello se inscribía en el "intenso trabajo para ayudar a las partes a encontrar una solución justa, acordada y equilibrada".

Con todas estas evidencias, la pregunta que surge es: ¿qué intereses mueven al Gobierno español a mantener este marco de relaciones con Marruecos en la cuestión del Sahara?

Los intereses estratégicos de España en Marruecos que condicionan su posición frente al conflicto del Sahara son, a grandes rasgos, el control de la inmigración irregular, la lucha contra el terrorismo islamista, y los recursos económicos de los que saca provecho Europa y sobre todo España, según señala Ana Manero. Respecto al control migratorio, el periodista José Naranjo explica que cuando el PSOE gana las elecciones en 2004, las relaciones bilaterales España-Marruecos mejoran y eso se nota en la disminución drástica del flujo de pateras que partían hacia Canarias desde las costas saharauis y hacia la España peninsular desde el norte de Marruecos, de forma que cambia el flujo migratorio y se abren las rutas de los cayucos desde Mauritania y luego Senegal.

En relación con la explotación de recursos, según explica Anna Badía, Catedrática de Derecho Internacional de la Universitat de Barcelona, "el pueblo saharaui tiene derecho permanente sobre sus recursos naturales, incluyendo el derecho a los recursos minerales en la plataforma continental adyacente a su territorio y a los recursos pesqueros en su zona económica exclusiva".

El Informe Corell ya indicaba en 2002 que "si se producían más actividades de exploración y explotación en contra de los intereses y deseos del pueblo del Sahara Occidental, todas ellas constituirían una violación de los principios del derecho internacional". Sin embargo, el pasado 25 de febrero de 2011, gracias a la presión del Gobierno de España, la Comisión Europea y Marruecos firmaron una prórroga de un año del acuerdo de pesca UE-Marruecos, que incluye aguas del Sahara Occidental sin que el Frente Polisario, como representante reconocido del pueblo saharaui, diese su aprobación o fuera siquiera preguntado, como exige la ONU. De ahí que este acuerdo sea ilegal.

Lo mismo ocurre en el ámbito de la agricultura. De momento, el Parlamento Europeo ha retrasado la ratificación del acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos, por carecer de información que precise que el tratado no incluye a los territorios del Sahara Occidental. A pesar de esta falta de transparencia, el acuerdo cuenta con el impulso de la Comisión Europea y el apoyo de España, como ha venido denunciando la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) desde España.

Mención aparte merece la venta española de armamento a Marruecos, que en los últimos tres años ha superado, según datos ministeriales, los 300 millones de euros, en lo que supone unas transacciones que van contra el artículo 8 de la Ley 53/2007.

La industria de los fosfatos también está involucrada en el expolio, pues la producción de fosfatos en Bou Craa (Sahara Occidental) alcanza el 10% del total de la producción de Marruecos, que ha recibido ingresos por esta vía desde que comenzara la ocupación. A ello se suma la extracción de arena y, en la misma línea, la compañía estatal marroquí ONHYM ha concedido licencias para 4 proyectos de exploración petrolera, que incluyen territorios del Sahara Occidental.

En definitiva, Marruecos se aprovecha ilegalmente de un territorio del que no es soberano y sobre cuya explotación no tiene por tanto potestad. Pero, y ¿qué intereses económicos tiene España? Según la organización Western Sahara Resource Watch, España es precisamente "uno de los países que más intereses económicos tiene en el Sahara Occidental". A principios de 2010, esta misma organización hizo público un listado de empresas privadas españolas que expolian ilegalmente recursos naturales del Sahara Occidental. La lista, que según anunciaron seguirá actualizándose, es la siguiente:

FMC Foret, Ership, Granintra, Isofotón, Conservas Rianxeira y Conservas Escuris, Europacífico, Gildo, Inter-Trading & Consulting S.L - NETMAR, Meripur, Derhem Seafood - Orofish, S. L., Congelados Troulo, S.L. y King Pesca.

Unión Europea: teoría y práctica ante el conflicto Israel-Palestina

Julio Núñez Márquez | 29/11/2011

En este mundo bipolar en el que las desigualdades Norte/Sur son cada vez mayores, parece que las grandes potencias y organizaciones internacionales como la UE se yerguen como hermanos mayores encargados de proteger al más débil en el patio del colegio. Al menos en la teoría… Pero si vemos las acciones que se llevan a la práctica y, sobre todo, el resultado de las mismas puede que esta percepción cambie.

La información que ofrece la UE sobre intervención en conflictos internacionales es fácilmente accesible. En su página web encontramos toda la teoría al respecto. Las intervenciones de esta organización se realizan mediante el Alto Representante de Política Exterior y de Seguridad, “que realiza un papel de coordinación entre los países de la UE para dar forma y poner en práctica la política exterior”[1]. Este órgano cuenta con la asistencia de personal político y militar. También hay que destacar que la UE no tiene un ejército permanente, sino que recurre a agrupaciones de fuerzas procedentes de los países miembros para operaciones concretas. Según la página web de la UE, dichas fuerzas “llevan a cabo misiones de mantenimiento de la paz, gestión de crisis y ayuda humanitaria”. Así mismo, es destacable la existencia de dos grupos de combate permanentes de unos 1.500 efectivos, con el fin de entrar en acción lo antes posible

Para ver cómo pone en práctica la UE los principios teóricos que marca en su programa, analizaremos brevemente el caso de la intervención de ésta en el conflicto entre Israel y Palestina.

¿Cuál es la posición de la UE en este conflicto? En su comparecencia ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo en abril de 2006, el entonces Alto Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana, dejó clara la posición de esta organización con respecto este caso. Según Solana, la UE es partidaria de una solución negociada del conflicto que instaure las fronteras pactadas en 1967 por los dos países[2] (sólo resultarían aceptables aquellos cambios que hayan sido pactados por ambas partes). Así mismo, la UE ha realizado algunos toques de atención a ambas partes, afirmando que “Israel lleva a cabo acciones particularmente lesivas para los palestinos”[3] en Jerusalén Este y en el Valle del Jordán; y rechazando frontalmente el plan del Gobierno palestino de Mahmud Abbas e Ismail Haniya argumentando que “no da ninguna indicación clara de que el gobierno (…) esté dispuesto a renunciar a la violencia (…), reconocer el Estado de Israel y respetar los acuerdos firmados entre los palestinos e Israel”[4].

Pero lejos de las palabras de buena fe, ¿qué ha hecho la UE para intentar implantar la paz en la región? Según el propio Solana, la UE ha destinado dos misiones de seguridad en los Territorios Ocupados (Palestina): una de apoyo a la policía palestina y otra de apoyo al control fronterizo de Rafah. Esta ayuda ha permitido, de acuerdo con las palabras de Solana, el paso de casi 200mil personas entre Egipto y Gaza. También es destacable la hoja de ruta elaborada en 2003 por el denominado Cuarteto (EEUU, UE, Rusia y ONU) para lograr la paz. Esta hoja, que se ha convertido en el santo y seña de los miembros de dicho Cuarteto con respecto al conflicto, establecía los pasos a seguir por ambos países para lograr la paz y les daba plazo hasta el año 2005 para conseguir dicho objetivo.

Sin embargo, a día de hoy parece claro que aún queda un largo camino que recorrer para lograr el fin de las hostilidades. Queda claro que la UE muestra interés en la resolución de la conflagración, pero también es evidente que, o bien carece del liderazgo suficiente para llamar la atención a la Comunidad Internacional hacia la solución del conflicto, o bien no ha sabido imponer su posición ante países influyentes pro-israelitas como EEUU.

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[1] http://europa.eu/pol/cfsp/index_es.htm

[2] Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU (noviembre de 1967). Ordena la retirada israelí de los territorios recién ocupados de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este en la Guerra de los Seis Días, y proclama el derecho a la soberanía, a fronteras seguras y a vivir en paz de los Estados ya constituidos.

[3] Comparecencia de Javier Solana ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo en abril de 2006. Disponible en: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/ES/discours/89163.pdf

[4] Ibídem.

La III Guerra Mundial

Alba Ruiz Galiano

Es posible que la III Guerra Mundial ya haya empezado, nadie dijo que esta guerra fuera a librarse con balas, quizá llegó la hora de pelear con monedas, después de todo para eso se crearon las Naciones Unidas, utilizar los intereses económicos para evitar los conflictos armados. Pero no nos olvidemos de los conflictos económicos, hay quiénes saben sacar provecho a las crisis y más a ésta, la europea.

Líderes del BRIC (2008)

Son los países emergentes, Brasil, Rusia, India y China, denominados el BRIC por el analista Jim O’Neil, que han sabido aprovechar las pérdidas y el lento crecimiento o, más bien, estancamiento de Europa para sentarse a la mesa de la gobernanza económica mundial. Y se han sentado con fuerza, primero gracias a que, en la última década, han experimentado un crecimiento superior al de los países desarrollados que ha posibilitado una integración comercial y financiera, con un aumento de las inversiones en sus economías; y segundo, por su gran tamaño económico, dinamismo, superficie territorial que ocupan y ralentización del crecimiento de la población.  

El BRIC comenzó por integrarse en el G-20, el primer foro para la cooperación económica internacional, una integración motivada, más que por la relevancia que estaban adquiriendo dichos países, por la conveniencia y oportunidad  de aprovechar sus economías en un momento en el que se avecinaba la crisis europea y la prioridad era tratar de evitarla. Y después vinieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, un paso algo más complicado, ya que la participación en estos grupos viene determinada por las cifras. La participación de China y Rusia está bastante asegurada, aunque no tanto la de Brasil e India.

En poco tiempo se han convertido en el destino de inversiones extranjeras y, al mismo tiempo, en beneficiarios y motores de la economía global, se estima que en el año 2050 produzcan el 44% del PIB mundial. El crecimiento económico de los cuatro integrantes del BRIC, junto con sus intereses afines en muchos ámbitos,- no en todos-, ha llevado a que los representantes políticos de cada uno de ellos se reúnan periódicamente para debatir sus intereses. Entre éstos, está el intento por cambiar la tradición de que el presidente del FMI sea un europeo y un estadounidense el del Banco Mundial. También está entre sus pretensiones la reforma del porcentaje de voto que corresponde a cada país en el G-20, las cuestiones relevantes deben aprobarse por una mayoría del 85% de los votos, EEUU posee un 15%, lo que le otorga capacidad de veto y quieren evitar.

Se han convertido en relevantes actores de la economía global y, en los próximos quince años, se convertirán en los motores de crecimiento. De la misma manera, la importancia de sus decisiones también requiere contraer responsabilidades, como la aplicación del Protocolo de Kyoto en materia medioambiental y acatar los acuerdos, puesto que el BRIC emite un tercio de las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.

La crisis financiera europea y la caída de muchos de sus gobiernos, está acelerando el proceso de convergencia de estos países, que ya nada tienen de emergentes, hacia las economías avanzadas. Sus objetivos y decisiones cada vez tienen más importancia, los procesos de liberalización comercial que han llevado a cabo han favorecido su integración mundial. La riqueza del BRIC se encuentra, además de lo dicho antes, en que son estados propietarios de considerables cantidades de materias primas y con grandes niveles de exportaciones. Según las previsiones de la UE, India superará el PIB de EEUU para el año 2043.

Considerando todas las ventajas de las que gozan y los datos de la última década, el BRIC, especialmente China e India, no tardarán en convertirse en unas de las mayores potencias o, tal vez, las mayores. Ésta es la III Guerra Mundial, la económica, los heridos ya empiezan a asomar en el campo de batalla, tan solo queda el cambio decisivo en la gobernanza mundial. 

Ecos del 15-M

Laura Sujanani Afonso

Multitud de países se suman a las reivindicaciones

Ecos del 15-M

Las protestas que comenzaron en España, dan ahora la vuelta al mundo

  Se conoce que son pocos los elementos culturales y sociales que se exportan desde España. Uno de los más recientes que se añaden a esta ínfima lista son las manifestaciones sociales originadas a partir del movimiento 15-M. Ya no es un movimiento único, dado que ha puesto en marcha a multitud de grupos en diferentes países: desde Tokio, pasando por lugares como Buenos Aires y Alemania, hasta llegar a Nueva York. 

  No es de extrañar que los jóvenes, y no tan jóvenes, tomaran las calles y pusieran sobre la mesa los problemas que les afectaban en su vida diaria. Uno de ellos es la tasa de desempleo juvenil en España, que alcanzó el 43,5% en febrero de este año, frente al 20,4% que se mantiene en Europa. No obstante, éstos no sólo afectan a la sociedad española, dado que este movimiento se ha expandido por todo el mundo. Tras la llamada a una movilización internacional para el 15 de octubre, la respuesta no se hizo esperar. 

  Más de 900 ciudades en 82 países alzaron la voz al unísono para poner fin a una situación motivada por los poderes establecidos, los cuales “actúan en beneficio de unos pocos,desoyendo la voluntad de la gran mayoría,sin importarles los costes humanos o ecológicos que tengamos que pagar. Hay que poner fin a esta intolerable situación” según explicaba la web Toma la Plaza. 

  La ola de revueltas tocó todos los puntos posibles. Los movimientos que aún dan que hablar son los de Occupy Wall Street y Occupy London, siendo éstos también promotores parciales de los levantamientos en otros países. “Me conmovió el movimiento de Wall Street", afirmaba Shoji Masaki, universitario de 19 años, en las protestas de Tokio, las cuales surgen como un modelo inspirado en Occupy Wall Street. 

  Y en todas ellas se encuentra siempre un grupo variopinto de participantes. La heterogeneidad que caracteriza a la imagen global del movimiento rompe con la etiqueta juvenil que se le había puesto a los indignados. “Esta manifestación demuestra que no se trataba sólo de un pequeño grupo de jóvenes indignados con el poder económico de Wall Street si no que toda la sociedad lo está. Ellos crearon el espacio en la plaza de la Libertad y después se prendió la chispa. La gente estaba esperando que ocurriera algo y ellos han sido el detonante” comentaba la activista y escritora Naomi Klein, de 47 años, mientras caminaba junto a miles de personas en Nueva York. No obstante, no todo fueron elogios para estas manifestaciones. “Los japoneses nunca se movilizan, incluso cuando se han sentido enfadados por algo. Pensé que había llegado el momento. Los jóvenes japoneses deberían hablar más", afirmaba Chiyoharu Yamasaki, de 64 años, al llegar a la movilización y ver la poca asistencia que había tenido. 

  Además de la heterogeneidad de estos grupos, cabe hacer mención del llamamiento y la implicación de personajes relevantes y de sus intervenciones en estas revueltas. Noam Chomsky, lingüista y filósofo, se acercaba al movimiento neoyorquino creyendo que éste “ha tenido un éxito considerable. Ha colocado bien alta en la agenda pública, con claridad y firmeza, la percepción silenciada de la gran mayoría, víctima del coletazo neoliberal de la generación pasada. Pero las metas no se alcanzarán fácilmente. El poder y la riqueza no ceden fácilmente”. José Luis Sampedro, escritor de 94 años, aseguraba que los motivos para salir a la calle eran múltiples. Añadía a esto que “estamos viviendo varias crisis y, sobre todo, que los Gobiernos, en vez de apoyar al pueblo, está apoyando a los poderes”. Asimismo, estrellas de la gran pantalla se acercaron a dar su apoyo al movimiento. Susan Sarandon, actriz de 65 años, afirmaba que “las cosas nunca cambian desde arriba, sólo se cambian desde abajo”. 

  No obstante, la respuesta de los convecinos y los políticos no ha sido tan amigable. A principios de este mes, los vecinos de la plaza de la Libertad en Nueva York se quejaban de la presencia de este grupo manifestante pacífico en la misma, lo cual llevó al desalojo y a una posterior reconquista de la plaza por parte de los participantes de Occupy Wall Street. Sin embargo, el eco del descontento llegó a los políticos, que necesitaban una excusa para terminar con las revueltas. Teniendo ya el apoyo de un sector de la sociedad, no tardaron en mandar a la policía a reprimir brutalmente a los indignados. Las represalias se vivieron en todos y cada uno de los movimientos y, como consecuencia, fueron arrestados cientos de ellos, además de vivir agresiones por parte de la policía, cuyas imágenes han plagado las páginas de los medios en estas últimas semanas. 

  Las protestas aún continúan en multitud de plazas y calles a lo largo de todo el mundo. Aún así, no se ha escuchado una respuesta clara por parte del sector político y, como apuntaba Noam Chomsky, esto parece que se va a mantener. Cerrando los ojos y haciendo oídos sordos se pretende hacer desaparecer la presencia y la voz de millones de personas. No obstante, éstas parecen no rendirse y, con esta perseverancia, tratan de asfaltar un camino hacia un futuro más prometedor. 

Cuando la política se hace en la calle

Las protestas estudiantiles en Chile se prolongan durante siete meses sin ningún acuerdo con el gobierno

Cristina Navas Bernal, 19/11/11

   "Todos quisiéramos que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos, pero quiero recordar que, al fin y al cabo, nada es gratis en esta vida". Con estas declaraciones se enfrenta el Presidente de Chile, Sebastián Piñera, a la realidad que atraviesa su país. Tras meses de protestas y manifestaciones en las calles el gobierno no encuentra solución al problema de la educación.

   Problema sí, pues para el ejecutivo se ha convertido en un profundo bache en su gobierno. Un sistema educativo asfixiante y agotado ha provocado que los estudiantes, indistintamente de su nivel académico, salgan a la calle para reclamar una enseñanza gratuita y de calidad.

   La propuesta es razonable si se estudia el actual sistema que rige la enseñanza. Durante la dictadura de Augusto Pinochet se aprobó un plan por el que la administración de los colegios pasó de ser estatal a municipal y en las universidades se optó por la creación de nuevos centros de carácter privado y controlados por una ley que prohibía su afán de lucro, aunque ésta no se ha cumplido desde los años 80. Las consecuencias son que las universidades estatales tienen escasa financiación y las privadas actúan sin ningún control; en cuanto a la educación secundaria, existen colegios de mala calidad y escasas infraestructuras dependiendo del municipio en el que estén frente a los privados.

   La OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) ha desvelado en un estudio que las universidades públicas en Chile son las más caras de toda América Latina y superan a las de muchos países europeos. Por ejemplo, son cuatro veces más caras que las de España. Además, el esfuerzo que tienen que realizar las familias para sufragar los estudios universitarios de sus hijos solo es superado por el de las familias estadounidenses.

 Desde el Ministerio de Educación se han realizado diversas propuestas para calmar a las masas. Entre ellas se encuentran reducir los intereses de los créditos universitarios del 6% al 2%, aumentar las becas, cumplir con la prohibición del lucro en las universidades privadas y en cuanto a la educación secundaria, apoyar a la de iniciativa pública con más control y subvención a los centros. Pero en ningún caso se ha abordado la cuestión de la educación gratuita para todos los ciudadanos, pues en palabras de Felipe Bulnes, ministro de educación, “los sectores más acomodados no tienen por qué no pagar su acceso a la educación superior”.

   Igualmente se han llevado a cabo algunos planes para ayudar a aquéllos alumnos que no deseen perder su año escolar por las protestas. El plan Salvemos el año, que presenta tres medidas fundamentales: compartir infraestructura entre las escuelas, habilitar locales alternativos para dar clases y como último recurso, una enseñanza a distancia con el material y la supervisión del Ministerio para que puedan examinarse a final de curso; o la creación de sitios web a los que los alumnos puedan acudir para completar sus estudios es otra de las medidas adoptadas. Estos son: http://www.mineduc.cl/ y http://www.yoestudio.cl/iPortal/Portal.Herramientas/pav/web/portada.aspx

   Mientras esto sucede, las protestas se elevan ya a 141 desde que comenzaron y el descontento sigue siendo generalizado, pues cerca del 80% de la población apoya estas protestas, tal y como reflejan los sondeos realizados en estos meses. El respaldo viene también por parte de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el sindicato más grande del país y encargado de organizar la huelga general de agosto, primera huelga desde la dictadura de Pinochet. Por tanto, a los estudiantes se les suma la mayor parte de la sociedad, los profesores, los sindicatos y hasta incluso los diputados, pues el 2 de agosto, 52 diputados firmaron una declaración por la educación en la que respaldaban el Acuerdo político y social por la educación, en el que “los diputados abajo firmantes expresamos al Gobierno y a la opinión pública nuestra completa y total concordancia con dicho documento y lo hacemos nuestro”.

   Ante un apoyo de estas características, sería lógico pensar que el gobierno de Piñera continuase con las negociaciones y cediese para lograr cuanto antes un consenso, pero el final se aventura lejano. Para Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores "es una pena que no haya luces de que se vaya a solucionar por la tremenda intransigencia del Gobierno", pero no se rinde al hacer referencia a las últimas manifestaciones celebradas el pasado 18 de noviembre porque " después de siete meses, tener una convocatoria alta es un éxito. Yo no veo que esto vaya en bajada, al contrario, el movimiento está muy instalado".

   La sociedad ha tomado la calle, pero sus peticiones están siendo ignoradas. Cuando un gobierno es elegido por sufragio universal, se supone representante del pueblo, pero si desoye a la absoluta mayoría de sus integrantes, dónde ha quedado su misión principal, la de procurar su porvenir. Estas revueltas son un ejemplo más de este sistema, pero parece que su final no será olvidado ni por sus protagonistas ni por los espectadores que lo contemplamos, motivado por la movilización y la insistencia que está teniendo en el tiempo, factores que no han hecho desfallecer el espíritu de la soberanía.